El trabajo digno como última frontera de la justicia social
Cada puesto de trabajo que se destruye arrastra consigo las aspiraciones de una familia entera. El empleo jamás debe entenderse como un mero instrumento de supervivencia; constituye el núcleo que articula la rutina del hogar, la integración comunitaria y la dignidad personal. Ante los duros efectos de las recientes políticas liberales, resulta imperioso replantear la función de nuestras instituciones a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y el mensaje de la encíclica Magnifica humanitas.
Al analizar el impacto de las medidas económicas y la reciente reforma laboral implementada por el gobierno de Javier Milei, las estadísticas oficiales de 2026 devuelven una imagen dolorosa. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la desocupación alcanzó el 7,9% en el segundo trimestre, mientras que las solicitudes del seguro de desempleo saltaron casi un 30% interanual. Frente a este panorama, alarma la consolidación de un esquema en el que el Estado decide retirarse, dejando a su paso un escenario de profunda indefensión. Los datos confirman esta orfandad: el “Monitor de la Reforma Laboral” (CETYD-UNSAM e Instituto Argentina Grande) expone que, en apenas cuatro meses, se esfumaron 36.000 empleos formales. El mismo relevamiento advierte sobre el golpe letal asestado a las pymes, que ya representan el 47% de los cierres comerciales. Lejos de cumplir la promesa de generar trabajo genuino, los nuevos marcos normativos han sembrado precariedad: el cuentapropismo informal escaló del 34,3% al 37,3%. Hoy, el monotributo es para muchos la única herramienta de supervivencia frente a la marginación; y ante esta cruda realidad, la irónica burla sobre que “la gente no llega a fin de mes” resuena con mayor crueldad.
Nos encontramos ante lo que la encíclica califica como una moderna "Torre de Babel" económica. Mientras sectores estratégicos como Vaca Muerta celebran su capacidad exportadora, la mayoría de la población observa este progreso desde afuera. Paralelamente, presenciamos la implosión silenciosa del tejido social, evidenciada en el récord histórico de suicidios. Esta tragedia golpea a juventudes sin perspectivas y a adultos mayores que, ante la falta de ingresos, interrumpen sus tratamientos médicos. En este escenario de motosierra furiosa, las personas con discapacidad sufren la peor parte: conservar sus prestaciones e insertarse laboralmente se vuelve una tarea imposible.
Lo preocupante de esta situación es que, muchas veces, el desempleo o el fracaso económico son percibidos como una falla individual, ya sea por falta de capacidad o de esfuerzo. De manera perversa, las redes sociales contribuyen a amplificar esta falacia al reproducir un discurso que no contempla otros factores determinantes para el éxito o el fracaso, tales como el contexto político-económico, social, afectivo y psicológico. Magnifica humanitas denuncia esta meritocracia ficticia que aísla a las personas, rompe sus vínculos de contención y las culpabiliza de su propia adversidad. El impacto es aún mayor en los jóvenes, quienes, bombardeados por estos mensajes, construyen representaciones distorsionadas sobre el sentido de la vida, la felicidad y la proyección de su futuro.
En este escenario de significados sesgados, asistimos también a la demonización del Estado, reducido en el imaginario a una simple máquina recaudatoria. Esta narrativa invisibiliza a quienes sostienen el sistema universitario —motor de ascenso social—, a los científicos del INTA y del INTI, y a los miles de médicos de los hospitales públicos. Se trata de trabajadores que, desde la estructura estatal, intentan dar respuesta a las necesidades comunes. Su labor evita que retrocedamos hacia la brutalidad de la ley del más fuerte, a un esquema donde solo unos pocos acceden a sus privilegios.
En sintonía con la desvalorización de lo público, es posible reconocer una profunda devaluación de la política y de las organizaciones sindicales, frecuentemente asociadas al fracaso o al beneficio personal. Es innegable que este descrédito tiene raíces legítimas frente al accionar de quienes han cometido delitos o utilizado estas estructuras para fines espurios. Sin embargo, así como existen estos casos lamentables, la historia también nos demuestra cómo la acción política y la organización gremial permitieron conquistar derechos fundamentales y mejorar la vida de las mayorías. Reducir estas herramientas a sus peores exponentes nos hace olvidar que, con todas sus imperfecciones, siguen siendo los instrumentos colectivos más viables para resolver conflictos mediante el diálogo. Renunciar a ellas por hartazgo no nos hace más libres; simplemente nos deja inermes frente a los grandes poderes, arrebatándonos los medios esenciales para equilibrar las asimetrías sociales.
En este laberinto de significados desvirtuados, es imperioso, identificar que, el esfuerzo del trabajador no puede ser degradado a una cifra a recortar en un balance. Como advierte el Papa León XIV: "Caemos en la trampa de un reduccionismo tecnocrático cuando el éxito y el fracaso de la persona se miden únicamente bajo el cruel baremo de la eficiencia, olvidando que el ser humano es, ante todo, un nudo de relaciones sagradas". Bajo esta luz, la justicia social no es un capricho ideológico, sino una piedra angular del humanismo que obliga a tutelar a los sectores postergados. Si la equidad consiste en amparar al más débil, normativas recientes como los períodos de prueba interminables, el uso fraudulento de "colaboradores" para evadir la relación de dependencia, las limitaciones del derecho a huelga y los fondos de cese que desdibujan la indemnización, significan un retroceso civilizatorio.
Desde esta perspectiva, es posible afirmar que el marco jurídico “reformador” ha perdido legitimidad, ya que en su mero intento de alcanzar un supuesto “déficit cero” o contentar al sistema financiero, no ha dado respuestas satisfactorias al “soberano” (que, si hace falta aclararlo, es el pueblo). Ningún país forja un futuro próspero si se erige sobre el individualismo y desconoce el trabajo decente como engranaje central para el desarrollo digno de las personas y sus familias. El gran imperativo de nuestra generación es, sin duda, resignificar el rol del Estado y de la política, reconociendo su valor como herramientas de mediación al servicio de la cohesión social, y decidir, de una vez, si nos conformaremos con administrar la exclusión o si asumiremos el compromiso de construir una auténtica civilización del amor.
Carolina Díaz, Especialista en Gestión de las Instituciones del Sistema Educativo, Lic. en Psicopedagogía, Docente.
Foto: 12 cuadras de fila para entregar un CV en un frigorífico de la localidad de Moreno (Argentina) - mayo 2026.
